La familia en el poder "compró" tierras fiscales a precios bajísimos y las vendio a los dos años sin haber construído nada con una ganancia del 5.000%.
Si hubo tráfico de influencias y delito contra el patrimonio público esas ventas son nulas y la propiedad debe volver al Estado.
Por las personas que recibieron esas tierras pagando un precio vil en realidad hubo un reparto de tierras para una familia conocida y sus allegados.
Una de esas personas está encargada de investigar la maniobra como Fiscal, algo incompatible y absurdo.
Si la Corte Suprema se informa aunque sea por los diarios de esta maniobra fraudulenta debe intervenir per saltum cuanto antes y anular esas ventas para que las tierras públicas vuelvan al Estado y sirvan para algo útil.
Sublimes ceremonias del hospicio político
Hace 1 día
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